Los mercados financieros colombianos se destacan en el mundo por su estabilidad y por una intensa competencia entre sus intermediarios. Los organismos multilaterales lo corroboran, al resaltar la solvencia y los bajos riesgos de crédito, de mercado y de liquidez que tiene la banca nacional. La competencia entre los bancos se manifiesta en una tendencia decreciente de los márgenes de intermediación y de la rentabilidad en el país, que están cerca del promedio regional. También estimula una mejora constante de la eficiencia, que se ha trasladado a los usuarios, a través de unos menores precios de los servicios bancarios durante los dos últimos años.
Sin embargo, los mercados domésticos no se caracterizan por su profundidad, que es intermedia en el contexto regional, baja en el mundo y menor que la que deberían tener, de acuerdo con el desarrollo económico del país. Tampoco los hogares más pobres ni las firmas pequeñas acceden con mucha facilidad a los servicios financieros. A pesar del notable progreso logrado en la última década en profundización e inclusión financiera, el tamaño de los mercados y las dificultades de acceso frenan la competitividad y la productividad de la economía, lo cual le impide elevar más rápido que hasta ahora su capacidad de crecimiento y retrasa además el logro de unas mejores condiciones de vida para la población, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad. En consecuencia, es imperativo seguir aumentando la profundidad de los mercados y la inclusión financiera en Colombia, preservando al mismo tiempo el entorno competitivo y salvaguardando la solidez de los intermediarios, para promover la innovación y la eficiencia, sin arriesgar la estabilidad macroeconómica y financiera.
De una manera desafortunada, la estabilidad financiera se reforzó por medio de una regulación que hoy luce represiva y de un régimen tributario distorsionante, que frenan el desarrollo de los mercados y obstaculizan la inclusión financiera. Por una parte, las severas normas de capital, provisiones y liquidez aumentan los costos operativos del sistema y reducen su rentabilidad, porque limitan su capacidad de apalancamiento. Por otra parte, los controles administrativos a las tasas de interés –que se ejercen a través de las de usura, las del crédito para vivienda y las del crédito de redescuento para el sector agropecuario–, desestimulan la oferta de crédito formal a amplios segmentos de la población, a los cuales desplazan a los mercados informales, donde las tasas de interés son mucho más elevadas. Además, las inversiones forzosas que deben hacer los establecimientos de crédito en títulos de desarrollo agropecuario, para fondear el crédito de redescuento otorgado a ese sector, tienen un alto costo de oportunidad para la banca, sin que hayan satisfecho la demanda de los pequeños productores ni de la población rural. Por último, el GMF y el recaudo de las retenciones de IVA, renta e ICA en las compras con tarjetas de débito o de crédito, aumentaron la preferencia por el dinero en efectivo frente a otros medios de pago, con lo cual han generado una desintermediación bancaria y dificultado la inclusión financiera.
Por estas razones, para lograr una mayor profundidad de los mercados y una inclusión financiera más amplia, Asobancaria propone a las autoridades que consideren la eliminación de todas estas distorsiones, dentro de la formulación de una política de Estado para el desarrollo del sector financiero.
